El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, con el pleno respaldo de su Comisión Ejecutiva, anuncia que se adhiere a la querella penal que ha presentado el Consejo General de Enfermería (CGE) contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y otros cargos de su departamento, por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores al poner en riesgo la salud de los profesionales sanitarios por no proporcionarles material de protección adecuado y suficiente en su lucha contra el Covid-19. Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
El organismo enfermero, que representa a cerca de 5.000 enfermeras y enfermeros de la provincia, adopta esta medida tras comprobar cómo se han desatendido de un modo sistemático sus continuas peticiones de suministrar las medidas de protección necesarias al personal de enfermería de la provincia para evitar así su contagio.
El Colegio de Enfermería de Córdoba quiere dejar claro que es un organismo totalmente apolítico y que sólo está al servicio de sus colegiados. Como ha defendido el presidente de la entidad, Florentino Pérez Raya, con esta adhesión “nuestro objetivo primordial es la seguridad de las enfermeras y enfermeros de la provincia, que se están jugando la vida cada día por la salud de sus pacientes, un hecho que está muy por encima de partidos políticos o ideologías”.
Denuncias interpuestas
La querella del CGE va dirigida además a varios cargos del Ministerio de Sanidad, en concreto a la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Además de esta medida, el Colegio de Enfermería de Córdoba ya se ha sumado a la denuncia penal que presentaron todos los colegios provinciales andaluces, a través del Consejo Andaluz de Enfermería, contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces.
